Agustín Guillamón
1.
Uno de los momentos más
bellos del trabajo
de investigación histórica es aquel en el que encuentras, entre cientos de
documentos insípidos o repetitivos
de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que
alguien, sublevándose contra la estupidez
de
las preguntas fuera de lugar
de
un impreso que ha de
rellenar, se decide a
explicar en una
breve aco- tación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar
abarcar la realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad
del
burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar”
la rea- lidad (social y laboral).
Eso me pasó la semana pasada,
consultando un archivo de la Junta
de
Reformas Sociales de Tarrasa. Se trataba de una serie de estadísticas e informes, empresa por empresa,
ciudad a ciudad, más o menos inte-
resantes, sobre huelgas, en los que se detallaba el número y el sexo de los huelguistas, la duración de las huelgas, las bases de regulación del trabajo aprobadas,
y las conquistas conseguidas por los obreros,
entre las que constaba siempre como primer punto el reconocimiento del sindicato único, en
segundo lugar la
semana inglesa, en tercero
el aumento de sala-
rios
y posteriormente una serie de reclamaciones propias de cada oficio
o rama industrial.
Y entonces apareció una breve nota, mecanografiada a dos caras, adjunta al formulario oficial, que el alcalde de la importante
ciudad fabril de
Tarrasa
debía rellenar para enviar a la Junta de
Reformas Sociales.
La nota, fechada en octubre
de 1919, decía nada más y nada menos que “Desde
que se constituyó en esta ciudad el Sindicato único [...] han pro-
clamado la norma de no querer nada con las Autoridades,
sea cualquiera el carácter de éstas, y al acordar una huelga, la plantean y desarrollan sin dar
conocimiento previo y sin admitir intervención ninguna que no sea la de
parte directamente interesada, dándose también el caso de que si se trata de
indagar cuál es la Junta o la Comisión dirigente
del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad
y representación, y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos”.
El alcalde efectúa
una magnífica definición de los métodos de lucha y de acción de la clase obrera, describe la huelga salvaje como excelente
ejem-
plo
de la táctica de acción directa, característica
esencial del sindicalismo
revolucionario en 1919. Los impresos del Instituto
de Reformas Sociales eran ya incapaces
de recoger, y reconocer, la aparición del sindicato
único, que daba una fuerza enorme a la clase obrera, hasta entonces organizada
en sociedades
de resistencia. En 1919 la CNT ya no cabía en los formu- larios del Instituto de Reformas Sociales. La filosofía de mediación entre
la Patronal y
los obreros, propia del Instituto,
había quedado obsoleta ante
los
métodos de acción
directa, en los que el sindicato
único trataba directa- mente con cada uno de los empresarios, que quedaban así en una situación de mayor debilidad.
La Patronal
respondería, en los meses siguientes, a esos nuevos métodos de la lucha
obrera con el terrorismo
patronal, con
los pistoleros contratados
para
asesinar a los sindicalistas del único, con la modernización y milita- rización del somatén, con la complicidad de la policía y del ejército, para
poner en práctica el terrorismo de
Estado contra la clase obrera, con
hallaz- gos como la llamada “ley de fugas”, de aplicación
cotidiana a la salida de la cárcel,
o en las cuerdas de presos, cuando los obreros detenidos eran trasladados a pie de una a otra prisión.
Pero esto está más
allá de la nota de octubre
de 1919, aunque
ese terro- rismo estatal ya había empezado
a manifestarse. La importancia
de la nota radica en el grito de impotencia
del
alcalde contra los nuevos métodos de lucha obrera. Los obreros que se presentan a negociar
son comisiones pro- visionales, nombradas para cada ocasión,
en las que pueden y suelen inter-
venir obreros de otro ramo de producción, que además no se presentarían en
la
próxima reunión, y que no responden
a más criterio que
la
defensa de los acuerdos tomados en asamblea. Esta organización de delegados, de carácter
provisional, revocable, sin más capacidad de decisión que el otorgado por la
asamblea, desorienta y enfurece a empresarios y autoridades. Recordemos que estamos en octubre de 19191.
La Junta de Reformas
Sociales se lamentaba de la inoperancia de su
propio papel, ya que “es valiéndose de informaciones
indirectas y tratando de las cuestiones mejor con carácter particular que con carácter oficial”
como
podían enterarse de lo que estaba sucediendo, porque los trabajadores
no reconocían a las autoridades establecidas ningún poder de mediación. El
sindicato único negociaba directamente con cada empresario.
Las huelgas en curso, en octubre de 1919, “las parciales de cerrajeros,
mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua, y las totales de
panaderos y hojalateros y lampistas” ya no se planteaban
entre la Patronal del sector y un comité de huelga, con la mediación
del Instituto, sino que
los
obreros manifestaban “no querer nada con la Autoridad”. Por otra parte
el Instituto
confesaba su total naufragio, y afirmaba: “no conseguir nunca
saber si aquellos que acudían a sus citas, ya llamados al azar, tenían la representación
necesaria para tratar del asunto. Lo más frecuente
es que al
citar a la comisión
de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente un
carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros,
etcétera”.
La organización de los obreros en el sindicato
único, y los métodos de
acción directa habían hecho saltar ese organismo de mediación
que
era el Instituto
de Reformas Sociales, que había sido creado en 1883 como un
primer intento de institucionalizar en España la llamada “cuestión
social”.
La patronal
recurriría pronto a otro tipo de mediación, y a practicar también “su propia acción directa”: la ley de fugas2 y
el lock-out3, con la complicidad de la policía
y el ejército, el somatén
y los pistoleros a sueldo. Fue el inicio de los llamados “años del pistolerismo”, esto es, la guerra de clases de 1919-1923, que terminó brutalmente
con
la dictadura del general
Primo de Rivera. El objetivo no era otro que destruir el sindicato único y la imposición
individual a cada trabajador de las condiciones de trabajo elaboradas por la empresa.
2.
La creación
en diciembre
de 1883
de la
Comisión de
Reformas
Sociales
fue el primer intento de institucionalizar, en España, la llamada
cuestión
social, o cuestión obrera. Sus orígenes
debemos buscarlos
en la nueva sociedad industrial, que transformaba el espacio productivo, con
la
aparición de la
fábrica; el
social, con el
proletariado como nueva clase emergente;
y el urbano, con el surgimiento de la ciudad industrial. Estos cambios provocaron intensas
polémicas ideológicas y
actuaciones norma- tivas de
las
clases dirigentes españolas, que
vieron la reforma social como
un
dispositivo estratégico más de anulación, o combate, de las teorías
revolucionarias obreras.
La Comisión
sufrió el boicot de una facción
importante del movimien- to obrero, el anarquista. Por otra parte, nunca fue dotada de suficientes
fondos económicos, ni se pudo publicar la
totalidad de los informes pro-
vinciales, notándose a faltar especialmente los de Cataluña y Andalucía.
Tampoco
pudo
no ya evitar, sino ni siquiera comprender,
los
graves con- flictos sociales
de
la España del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, marcó un punto de inflexión “pragmático”
en
la actuación del Estado en las
cuestiones sociales, y al mismo tiempo fue un precedente del
interven- cionismo estatal
en el
trabajo, pues si la
Comisión de Reformas Sociales
podía considerarse como un ensayo, con el paso del siglo, en abril de
1903,
la creación del
Instituto de Reformas
Sociales supuso la institu-
cionalización definitiva de la reforma social en España. Además, era el
primer eslabón de una cadena, que más tarde continuaría con la
fundación del Instituto
Nacional de Previsión (1908) y con la creación
del Ministerio de Trabajo (1920).
En definitiva, después de un siglo de acentuada
y progresiva actuación
del
Estado en cuestiones de previsión y de intervencionismo laboral, la
acción social se había convertido en una de las preocupaciones
priorita- rias de los gobiernos, ya fuesen dictatoriales
o democráticos.
En
1983 se destinó en España el diecinueve
por ciento del producto interior bruto
para
la Seguridad Social;
en
1883, el año de la fundación
de la Comisión, para este concepto se destinó el cero por ciento4.
En este contexto
intervencionista es en el que hay que entender el plan- teamiento de la cuestión urbana a partir de los informes
de la Comisión
de
Reformas Sociales. Éstos reproducen las polémicas y debates que la nueva ciudad industrial está generando ya, desde los inicios del siglo,
entre los miembros de una burguesía altruista y reformista, formada por
médicos,
higienistas, ingenieros o funcionarios. La Comisión
continuó estos debates y, esto es
original, se
produjo la incorporación
del
proleta- riado a estas tareas.
Los debates que generó la
Comisión, a partir de la información refe- rida a la condición
económica de la clase obrera, de su alimentación, de
la vivienda y
cultura moral de los obreros, sirvieron
a la burguesía para
diseñar nuevos marcos de relaciones
sociales y espaciales. Las polémicas sobre la higiene y salubridad
de la ciudad industrial fueron utilizadas
para
imponer la separación de clases, es decir, la segregación espacial. Asimismo, los debates sobre la cultura
moral y religiosa
intentaron inte- grar en el cuerpo social a amplias masas obreras, desarraigadas por la industrialización y cada vez más autónomas
ideológicamente.
Por otra parte, la clase obrera que participaba
en
la Comisión de
Reformas, representada por los socialistas, puso en cuestión los supues- tos filantrópicos de las clases gobernantes y se marcó como objetivo
la superación gradual
del sistema capitalista. Y ese gradualismo señaló la
diferencia irreconciliable entre la UGT y la CNT.
3.
La huelga general
de 1902 en Barcelona fue la última manifestación
del
viejo movimiento obrero, constituido por asociaciones obreras de carácter gremial, enfrentadas al paternalismo patronal.
En 1906
apareció Solidaridad
Obrera, nombre
que se
establecía en oposición
al surgimiento de la burguesa y catalanista
Solidaridad Catalana. La huelga general contra el reclutamiento de tropas para la guerra de Marruecos, conocida como Semana
Trágica de 1909, impuso la necesidad de crear una organización obrera, no limitada a Cataluña y de
extensión nacional, ya que el principal motivo del fracaso de esa Semana Trágica, fue la imposibilidad de extender la insurrección, que fue sólo de
carácter local.
En 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La ile- galización inmediata de la CNT, el estallido
de la Primera Guerra Mundial, la enorme importancia que adquirió
el fenómeno migratorio desde las
zonas rurales de toda España hacia Barcelona
y Madrid, y la carestía
de la vida, provocada por la extraordinaria demanda
bélica de los europeos, impulsaron
una
refundación de la CNT en 1915, bajo los criterios del sindicalismo revo-
lucionario aprobados en el Congreso
de Amiens (1906).
Estos principios
del
sindicalismo revolucionario
pueden resumirse
en
la capacidad de la clase obrera para enfrentarse autónomamente al capitalismo, desarrollando la lucha de clases, mediante una táctica que
se
oponía a la apropiación política o parlamentaria por cualquier
partido obrero o burgués, de la lucha obrera.
Las dos conquistas
fundamentales de la CNT, en vísperas del congre-
so de diciembre de 1919, que dio preponderancia
al anarcosindicalismo sobre el sindicalismo revolucionario en la CNT, fueron el sindicato
único de industria
y la acción directa.
Son precisamente las dos conquistas que
deslumbran en el texto, que hemos expuesto, y que tanto sorprende e indigna al alcalde de Tarrasa.
4.
La manifiesta
incapacidad del régimen liberal de la Restauración para enfrentarse a la nueva problemática, planteada por el sindicato
único y la acción directa
de la CNT en Cataluña, dieron paso a la organización
de una respuesta
adecuada de la burguesía, que fue liderada por la Federación
Patronal catalana.
En enero de 1919 se reorganizó y modernizó el somatén, formado por
ocho
mil voluntarios armados bajo
tutela militar, esto es, a las órdenes
del capitán general Milans del Bosch, financiado por la Federación Patronal
y con la intervención directa de destacados industriales catalanes.
Para
el control, y eliminación
en su caso, de destacados
militantes cenetistas
se creó el fichero Lasarte,
en la primavera de 1919, que dependía directa- mente de Martínez
Anido y Arlegui, durante su gestión gubernativa. La
alianza de clase, en defensa de los intereses
de los empresarios
industria- les, no encontró ningún obstáculo,
ni contradicción, entre el catalanismo
de los
empresarios catalanes y el rígido
centralismo
españolista del capitán
general Milans del Bosch, porque nada une más a las distintas
facciones capitalistas que la prioritaria defensa del orden burgués ante la
“barbarie proletaria”. Tampoco existía antagonismo alguno entre obreros
inmigrantes y nativos, unidos por los mismos intereses
de clase e idéntica explotación y formas de vida.
El 5 de febrero de 1919 se inició una
huelga de solidaridad con ocho
despedidos en la compañía eléctrica conocida como “La Canadiense”, por- que el principal accionista
era
el Canadian Bank of Comerce de Toronto. El conflicto de esta empresa, apoyado por la CNT, fue extendiéndose a otras empresas y sectores industriales
hasta convertirse en una huelga general que afectaba
a toda la ciudad de Barcelona. El 21 de febrero los obreros de los sindicatos de electricidad, agua y gas declararon la huelga en todas las empresas participadas
por
La Canadiense, lo que afectaba
también a los Ferrocarriles de Sarriá. Barcelona sufrió un apagón total,
los
diarios no se
publicaban, los tranvías
dejaron de circular y muchas fábricas de Barcelona y cercanías quedaron paralizadas.
El 5 de marzo el
general Milans del Bosch militarizó a todos los trabajadores del ramo de
la
electricidad, aunque su bando, a causa de la censura obrera,
sólo fue publicado
en el Diario de Barcelona. Los cenetistas militarizados se nega-
ron
a incorporarse a filas, por lo que
fueron encarcelados en el Castillo
de Montjuich. Se llegó a encarcelar a unos tres mil obreros.
El 17 de marzo Lawton,
por La Canadiense, negoció
con el comité de huelga en la sede del Instituto de Reformas Sociales, aceptando las condi- ciones de los huelguistas sin represalias. El 19 de marzo la CNT convocó
una
asamblea en la plaza de toros de Las Arenas a la que asistieron
veinte mil trabajadores, que aprobó los acuerdos alcanzados, dando un plazo de
setenta y dos horas para liberar
a todos los obreros
encarcelados. Salvador
Seguí cerró el mitin en un clima de victoria. La huelga había terminado
consiguiendo el cobro de la mitad
de
los días de huelga y la implantación
de
la jornada laboral de ocho horas.
5.
Sin embargo aún quedaban
cinco obreros presos. Para obtener su
liber-
tad
se inició el 23 de marzo una nueva huelga, a la que el
ejército respon- dió ocupando la ciudad de Barcelona.
Los
obreros eran cacheados en la
calle, y los soldados
destruían los carnés de la CNT. El 27 de marzo
los obreros estaban dispuestos a dar por terminada la fracasada huelga, cuan- do el gobernador civil se negó a mediar en el conflicto. El capitán general
Milans del Bosch, apoyado por la oligarquía catalana, se negó a liberar a
los treinta y cuatro obreros
presos, que estaban bajo su jurisdicción.
Las garantías constitucionales quedaron en suspenso, persiguiéndose a los militantes
de
la CNT. El 31 de marzo la Guardia Civil asesinaba
a la puerta de su casa a Miguel Burgos, secretario
del sindicato de curtidores
de
la CNT.
En la última semana del mes de marzo, se fundó la Federación
Patronal Española, cuyo primer acuerdo consistió
en que para llevar a cabo la
readmisión de un trabajador, éste
debía entregar el carné de la CNT y negociar un nuevo salario individualmente.
Esta
medida era inaceptable para los obreros, de tal manera
que
la huelga continuó, aunque el
Comité de huelga había acordado que los distintos ramos negociasen la vuelta
al
trabajo. Finalmente la huelga concluyó el 12 de abril, con un fracaso obrero, ya que la huelga no se había extendido más
allá de la ciudad de Barcelona.
Desde abril hasta julio de 1919 se despidió a setenta mil obre- ros y se detuvo a
cuarenta y tres mil, de los que
quince mil aún
estaban presos a primeros
de agosto.
El 1 de diciembre
la patronal
catalana inició un cierre de la industria que afectó a más de ciento cincuenta mil obreros, a los que se exigía la entrega de los carnés de la CNT. El conde de Salvatierra terminó con el lock-out
el 26 de enero de 1920, a
petición de la patronal,
sin que ningún trabajador
entregase su carné.
6.
Con el reflujo del movimiento huelguístico de La Canadiense, la bur-
guesía española, con su fracción
catalana al frente, desarrolló
un ataque despiadado
contra los militantes de la CNT. Se organizaron bandas de pistoleros, pagadas por la patronal y coordinadas por el capitán general
y el gobernador militar de la región, que perseguían a los sindicalistas y los asesinaban en el más puro estilo mafioso. Se llegó a alcanzar la cifra de 30 muertos diarios. Paralelamente, las detenciones se multiplicaban,
al
tiempo que tanto policía
como Guardia Civil
restablecieron la bárbara
práctica de la “cuerda de presos”: los sindicalistas detenidos eran con-
ducidos a pie a centros de detención ubicados en
ocasiones a cientos
de kilómetros. Muchos morían en el camino, víctimas del agotamiento
y las
palizas infligidas, o simplemente se les aplicaba la “ley de fugas”.
Los organizadores de esa guerra de exterminio del sindicalista fueron
los propios burgueses catalanes, “modernos” y
“democráticos”, que siem- pre habían reprochado a la aristocracia castellana su brutalidad. Pero la
burguesía catalana había sufrido en carne propia la amenaza revoluciona-
ria
del proletariado y ansiaba la venganza.
Cambó impulsó la plaga de los pistoleros. El gobernador militar, Martínez Anido, vinculado a la rancia aristocracia
castellana, y los “progresistas” burgueses catalanes se recon-
ciliaban definitivamente en la persecución de los militantes proletarios. El
pacto era fruto de la nueva situación: ya no existían
fracciones liberales o reaccionarias dentro de la clase burguesa, todas coincidían
en la defensa
brutal de un orden social caduco.
Atrapada en una
espiral terrible, en medio de una
fuerte desmoviliza- ción de las masas
obreras, la CNT respondió a los pistoleros
con la orga- nización
de
cuerpos de autodefensa, que
devolvían golpe por golpe, y que
lograron abatir a políticos,
cardenales y patronos destacados. Sin embar- go, esta dinámica degeneró rápidamente en
una cadena de
muertos sin fin, que aceleraron el cansancio
y la desmoralización de los trabajadores. Por otro lado, colocada en un terreno donde era inevitablemente la más débil,
la
CNT sufrió una hemorragia interminable
de militantes, asesinados, encarcelados,
heridos, huidos… Pero eran muchos más los que se retira-
ban,
completamente desmoralizados
y perplejos. En la última época, ade- más, los grupos de defensa cenetistas se vieron infiltrados, muy a su pesar,
por
toda clase de elementos turbios, ya fueran de la policía o mafiosos, sin más objetivo
que el robo y el asesinato,
que
no hacían sino
despres- tigiar a la CNT y aislarla políticamente. El 10 de marzo de 1923 fueron tiroteados, a la salida
del bar La Trona, en la esquina de la calle Cadenas con San Rafael, los destacados cenetistas
Salvador Seguí (“El Noi del
Sucre”), que murió al instante, y Francisco Comes
("Perones"), que mori-
ría
pocos días después. Las matanzas
duraron hasta septiembre de 1923, cuando se instauró la Dictadura del general Primo de Rivera, mediante
un
golpe de Estado consentido
y apoyado por el Rey. La Dictadura contó
con
el apoyo del PSOE-UGT. La CNT había sido
aniquilada de nuevo por una represión salvaje e ignominiosa. La CNT que resurgió de sus cenizas
en
los años treinta era otra CNT, totalmente distinta: se había pasado del
sindicalismo revolucionario, dominante
en los años anteriores a 1919, al anarcosindicalismo5.
7.
En la misma época en Italia triunfaba el fascismo,
tras aplastar al movimiento
obrero después de varios años de feroz guerra de clases. Las dictaduras de Mussolini y Primo de Rivera se fundamentaban en su vic-
toria sobre las intentonas revolucionarias del proletariado. Las notables
diferencias entre España e Italia radicaban
en el carácter reaccionario de
la burguesía española y
un escaso desarrollo
industrial, que contrastaban con el carácter contrarrevolucionario de la burguesía italiana y el mayor
grado de industrialización italiano.
El 24 de octubre
de 1922, en Nápoles,
en el congreso del Partido Nacional
Fascista, Mussolini
anunció oficialmente
la Marcha
sobre Roma:
“O nos
entregan el
gobierno o lo
tomaremos
cayendo sobre
Roma”. La marcha se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre.
El Rey pidió a Mussolini que formara gobierno, que ya estaba constituido el día
30. El fascismo había tomado el poder.
El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel
Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado
con
el apoyo de la mayoría de las unidades militares. El
golpe se anti- cipaba a la
reunión de las Cortes que debía analizar el problema
de Marruecos y las responsabilidades
del
ejército, y del rey, en los últimos
desastres militares. Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de los terratenientes andaluces,
Alfonso XIII aceptó nombrar presidente
del
gobierno a Primo de Rivera, en su calidad de dictador
militar, el 15 de septiembre de 1923. La dictadura sólo fue
rechazada por los
sindicatos obreros y los republicanos, cuyas
protestas fueron inmediatamente acalla- das con la censura y la represión.
Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante, se suspendió
la constitución, se disolvieron los ayuntamientos,
se
prohibieron los partidos políticos, los somatenes
se transformaron en milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.
Mussolini, en el discurso del 3 de enero de 1925,
asumió toda la res-
ponsabilidad política que
pudiera derivarse del
asesinato del diputado socialista
Giacomo Matteotti, secuestrado el 10 de junio de 1924 por una
escuadra fascista, que lo
asesinó al día siguiente. Ese discurso señaló el inicio del régimen dictatorial fascista, que impuso progresivamente un régimen totalitario.
8.
La Guerra Civil se saldó con un millón de muertos y trescientos mil exiliados. Las organizaciones obreras habían sido destruidas y persegui-
das hasta su aniquilación. El nivel de vida del obrero era inferior
al de los años treinta. Hambre,
miseria y miedo
eran amos y señores de la ciudad de Barcelona, y de toda España. El terror fascista
formaba parte de la vida cotidiana, más seguro que “el pan nuestro de cada día”.
En el Campo de la Bota se fusiló masivamente
desde 1939 hasta 1952, cuando se dejó de hacerlo a petición de la Iglesia
católica, con motivo de la celebración del Congreso Eucarístico en la ciudad
de Barcelona.
El 12 de febrero de 1948, tres accionistas presentaron un expediente de quiebra de Barcelona Traction
(“La Canadiense”), que prosperó hasta con-
seguir en 1952 que los bienes de
la empresa fueran subastados y adquiridos por Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA), gestionada por el finan-
ciero mallorquín Juan March Ordinas,
fundada poco antes de la subasta. La Canadiense fue comprada por un precio equivalente al uno por mil del valor real de la compañía.
La demanda
presentada por el gobierno belga contra esta adquisición fue rechazada por el Tribunal de La Haya, que dictaminó
la incapacidad de ese
gobierno para plantear la defensa
de los accionistas belgas, ya que la sede
de la compañía estaba en Canadá y correspondía a ese gobierno presentar
la demanda.
Joan March Ordinas falleció en 1962. El 5 de febrero de
1970 la resolu- ción judicial era firme,
finalizando el proceso
judicial. En una época en que
la dictadura franquista parecía eterna, algunos opositores
al régimen consi- deraron, quizás maliciosamente, que la subasta de 1952, a favor de FECSA,
controlada por Juan March, que había financiado
el golpe militar del 18 de
julio de 1936, podía
considerarse como un botín de la Guerra Civil.
Ahora sabemos que no es suficiente el sindicato único y la acción directa. No basta con la huelga general, si se
reduce sólo a la ciudad de Barcelona, o sólo a Cataluña,
o sólo a España. No basta una victoria parcial,
o una mejora laboral. No basta con conseguir la jornada de ocho horas. No basta con el
reconocimiento del sindicato único. La acción directa de los obreros
no es suficiente. Ahora sabemos
que en la guerra de clases sólo nos vale la victoria total. No en vano han pasado ya casi noventa años.
9.
Pero en octubre de 1919 el alcalde Tarrasa redactó
esta nota, adjunta
a un formulario ya obsoleto:
“Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Reformas Sociales. Madrid. Ilmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto
en la R. O. de 2 de julio de 1909,
tengo el honor de remitir a V.I. la adjunta
hoja estadística de la huelga
de tipógrafos habida en esta ciudad y solucionada recientemente.
Extrañará V.I. seguramente, la escasez de datos que en ella se dan, y
el que esta Junta local de reformas Sociales ignore muchos de ellos, de
carácter esencialísimo. La razón es clara. Desde que se constituyó
en esta ciudad el llamado Sindicato único, los afiliados a él,
y son todos los obreros constituidos en sociedades de los distintos
ramos de la producción, unos por voluntad y otros coaccionados, han proclamado la norma de no querer
nada con las Autoridades, sea cualquiera el carácter de éstas; y al acordar
una huelga, la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención alguna
que no sea la de parte directamente interesada; dándose
también el caso de que si se trata de indagar cuál es la Junta o Comisión dirigente del movimiento,
contestan los interesados que entre ellos no hay
Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad
y representación , y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos
que directamente han de resolverlos.
Dado
este estado de cosas, a esta Junta le es
sumamente difícil desempe- ñar su cometido, y si cumple con lo preceptuado
es valiéndose de informa- ciones indirectas y tratando de las cuestiones
mejor con carácter particular que con carácter oficial.
Esto habrá podido
apreciarlo ese Instituto
de la digna Presidencia de V.I. por las muchas hojas de estadística que tiene reci-
bidas de esta Junta, sin rellenar de ellas el requisito de la conformidad del patrono en cuyo establecimiento se produjo la huelga, ni la del Presidente de la Sociedad obrera causante
de aquélla: ambas firmas son punto menos que imposible poderlas obtener.
Las huelgas todavía pendientes de solución, que son las
parciales de cerrajeros, mecánicos, albañiles,
carpinteros y del ramo del agua, y las totales de panaderos y hojalateros y lampistas, han sido objeto
reiteradas veces de propósitos de intervención por parte de esta Junta, y siempre ha
tropezado con los obstáculos antedichos: no
querer nada con la Autoridad,
por
una parte, y no
conseguir nunca saber si aquellos
que
acudían a sus
citas, ya llamados al azar, tenían la representación necesaria para tratar
del
asunto. Lo más frecuente es que al citar a la comisión
de huelga de
los
carpinteros, por ejemplo,
se presente
un carpintero y cuatro o más de
distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros, etcétera.
Tal es la situación
de esta ciudad,
por lo que hace referencia con las cuestiones sociales y el ascendiente que la Autoridad tiene en ellos.
Dios
guarde a V.I. muchos años.
Tarrasa,
21 de Octubre de 1919. El Alcalde, Prte. [Sello redondo en el
que
se lee: Junta Local de reformas Sociales – Tarrasa]”.
10.
Uno de los momentos más
bellos del trabajo
de investigación histórica es aquel en el que encuentras, entre cientos de
documentos insípidos o repetitivos
de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que
alguien, sublevándose contra la estupidez
de
las preguntas fuera de lugar
de
un impreso que ha de
rellenar, se decide a
explicar en una
breve aco- tación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar
abarcar la realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad
del
burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar”
la rea- lidad (social y laboral).
Eso me pasó la semana pasada, consultando un
archivo de la Junta de Reformas Sociales de Tarrasa.
Notas:
1.- Lo mismo sucedería, sólo por citar otros casos entre miles, en la huelga de la minería
asturiana en la primavera de 1962; o en la empresa
Roca, de Gavá, en 1976.
2.- Liberación del preso para asesinarlo a disparos
y justificarlo como
intento de fuga.
3.- Cierre empresarial que deja sin trabajo,
ni salario, a los trabajadores.
4.- Antonio
Buj, “La cuestión urbana en los informes de la Comisión de reformas
sociales; en Horacio Capel, José Mª López Piñero y José Pardo (coord.): Ciencia e ideología en la Ciudad
(II). I Coloquio
Interdepartamental. Valencia,
1991 (Generalitat Valenciana/Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, Valencia
1994), p.73-86.
5.- Véase Antonio Bar, La CNT en los años rojos (Akal, Madrid 1981).
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