El presente trabajo trata de forma general las causas, desarrollo y consecuencias de lo que se vino en llamar “propaganda por el hecho” en el periodo de tiempo comprendido entre 1877 y los primeros años del S. XX, además de interpretar de forma crítica los acontecimientos ocurridos y esclarecer hechos probados y no demostrados, todos ellos sujetos a debate.
Los primeros atentados anarquistas se produjeron en el año 1878, aunque no sería hasta el año 1892 cuando llegará la época más dura de la violencia anarquista. En el año 1881, la “propaganda por el hecho” fue asumida por un congreso internacional anarquista celebrado en Londres. Durante todo el periodo tratado, no todos los anarquistas estuvieron implicados en estas acciones individuales, se trataba de grupos reducidos sin una estructura jerárquica. Normalmente los hombres de acción no tenían nada que ver con los editores o intelectuales ácratas y provenían de las clases sociales más desfavorecidas y marginales de la sociedad.
La “propaganda por el hecho” no era aceptada por buena parte de los anarquistas que veían en acciones de solidaridad, asociacionismo, educación o por la vía de los medios de comunicación la forma de llevar a los obreros sus teorías, aunque finalmente, gracias a la persecución llevada a cabo por la policía, los vergonzosos juicios a los que eran sometidos y sobre todo las torturas y las formas de ejecución de los acusados, les acabaron convirtiendo en mártires de la causa. De esta forma se conseguían los objetivos de la propaganda por el hecho en el que un atentado violento era amplificado por los medios de comunicación para causar el terror en las clases acomodadas y teóricamente la afiliación de las clases oprimidas.
La formulación teórica de la aceptación de la “propaganda por el hecho” es muy sencilla y se basa en el impacto que un acto terrorista alcanzará en la sociedad gracias a los medios de comunicación. Ese fuerte impacto del atentado terrorista tiene dos objetivos, el primero es causar el terror en las clases dirigentes y un segundo objetivo mucho más importante que es el llevar la idea de revolución social a toda la clase obrera.
Finalmente, la experiencia violenta de esos años no respondió a los objetivos planteados y los resultados de una adhesión masiva a la causa anarquista no se ajustó a la realidad. No existen muchos estudios al respecto, pero no parece que fueran muchos los nuevos seguidores después de esta experiencia violenta, bien al contrario, tanto en Francia como en España, tanto la burguesía como buena parte de la clase obrera, vieron con horror estos atentados terroristas indiscriminados, produciéndose así el efecto contrario al que se pretendía en principio. En el caso español es muy complicado saber hasta que punto la enorme implantación del anarquismo en España podría haber tenido que ver con esta “propaganda por el hecho” y no por la miseria del campo.
En nuestro país, la actuación de los anarquistas fue especialmente cruenta y continuada en el tiempo.
Los primeros acontecimientos graves tuvieron lugar como consecuencia de la frustración en las acciones llevadas a cabo por los anarquistas en las jornadas siguientes a la celebración de la fiesta del 1º de mayo en el año 1891, diferenciándose ya claramente del reformismo socialista que pretendía que las autoridades escuchasen sus reivindicaciones. Los anarquistas extendieron la huelga durante varios días y discurrió con duros enfrentamientos con la policía y con la explosión de varios petardos.
La actividad anarquista continuaba su labor didáctica y revolucionaria tanto en el medio rural como en el urbano. Va a ser en el primero en el que van a acontecer los “sucesos de Jerez” en los primeros días de enero de 1992, protagonizado por varios cientos de braceros procedentes del campo que tratarán de tomar la cárcel sin éxito y que marcharon por la ciudad varias horas en las que asesinaron a dos personas que nada tenían que ver con el poder. La represión posterior por esta acción, sería desproporcionada por parte de las autoridades y las condenas ejemplarizantes, habiéndose realizado bajo acusaciones en las que los condenados presentan claros síntomas de haber sufrido torturas y sin ofrecer las menores garantías a los acusados. Ésta será una constante en todas las actuaciones policiales y judiciales de esta década.
En menos de un mes se juzgó, se condenó y se ajustició a los declarados culpables, pasándose así, de lo que podría haber sido “propaganda por el hecho”, mezclada con grandes dosis de mesianismo en el que los levantamientos cíclicos en el campo motivados por epidemias o hambrunas se venían produciendo desde antiguo, de ahí vamos a pasar a la “propaganda por los mártires, otro hecho que se repetiría tras la opresión desproporcionada de las autoridades después de cada atentado.
Realmente, el primer mártir anarquista español fue Pallá, un obrero de Barcelona que lanzó una bomba durante un desfile militar al capitán general de Cataluña, Martínez Campos, en 1893, hiriéndole levemente y provocando varios heridos más. Pallás admitió su crimen, no intentó huir y durante todo el juicio y hasta ser condenado, mantuvo su postura y su templanza, reivindicando sus ideas hasta el momento de su ejecución.
Mucho más sangriento sería el atentado que tendría lugar también en 1893 y dirigido contra la burguesía representándolo en el Liceo de Barcelona, con el resultado de 20 personas muertas y 27 heridas, a lo que el gobierno respondió suprimiendo las garantías constitucionales para que la policía pudiera llevar a cabo su tarea represiva con detenciones indiscriminadas, torturas, etc., y la burguesía pidiendo a las autoridades un castigo ejemplar. Se llegaría a detener hasta 260 anarquistas según la policía aunque la prensa anarquista hablaba de cifras muy superiores. No sólo se detenía a quienes frecuentaban el centro de carreteros sino que se detenía también a sus familias que pasaban a ser recluidas en prisión custodiadas por monjas que insultaban y humillaban a las mujeres, como ocurrió con las familias de Ascheri y Mas, acusados en el atentado de la procesión de la Iglesia de Santa María y que a la postre fueron obligadas a contraer matrimonio con sus parejas bajo la amenaza de retirarles a sus hijos si no se accedía a volver a la fe católica y casarse como cristianos.
En estos casos, siempre se hablaba de un complot internacional pero la realidad era que los atentados eran cometidos de forma individual. Otra vez parece obvio que se volvió a utilizar la fórmula de los malos tratos para conseguir que los acusados se declararan culpables.. De esta manera José Codina, Bernat, Sogas y Cerezuela se confesaron culpables ante el teniente de la guardia civil, Portas. Teniendo en cuenta que poco después, en enero de 1894 se detuvo al autor del atentado, Santiago Salvador y que contra los anteriores no existía prueba alguna, parece evidente que las confesiones de culpabilidad debieron de ser obtenidas mediante torturas. Sin embargo, lejos de admitir errores y liberar a los inocentes, se continuó con la línea dura de represaliar a los anarquistas, fueran o no culpables de algún delito. De esta manera, la justicia, una vez detenido Salvador, el verdadero culpable del atentado del Liceo, el resto de detenidos se les acusó de ser cómplices de Pallás en el atentado contra Martínez Campos, cuyo caso volvió a ser abierto. Finalmente fueron seis los condenados a pena de muerte contrastando el fallo de este jurado militar mucho más duro e injusto que el civil que llevó a cabo el juicio de Salvador en el que fue condenado a morir mediante garrote vil al ser demostrada su culpabilidad pero el resto de procesados al no poder encontrar pruebas contra ellos fueron puestos en libertad.
Según esto, parece claro que dependiendo de si se trataba de un jurado civil o militar, el resultado era muy diferente. Desde el poder se pretendía el escarmiento de los anarquistas y no el esclarecimiento de la justicia ante los atentados, a la vez que se temía que los jurados civiles pudieran sentir miedo a alguna represalia y se absolviera a los encausados.
Después de estos atentados, la persecución de anarquistas como hemos visto fue brutal, igual que la persecución y la represión continua, las detenciones y las torturas, indiscriminadas y los escarmientos ejemplares. Desde el poder existía una guerra directa contra quienes profesaban ideas anarquistas y se veían inducidos a esa represión que a veces alcanzaba a todo el movimiento obrero, gracias a los patronos, la iglesia católica y las gentes de orden que alentaban esa persecución y que se creara una ley antianarquista específica para endurecer las penas y favorecer su persecución. La nueva ley llegaría en 1894, no difería en exceso de las leyes que existían en otros países europeos que también sufrían la violencia anarquista. Lo que si fue diferente aquí, fue la continua puesta en práctica de medios no legales, tanto en detenciones como una vez en prisión la aplicación de malos tratos continuados o la manipulación en los distintos procesos.
Pero la espiral de violencia estaba lejos de terminar. Tras la brutal represión llegó de nuevo un atentado en 1896, esta vez dirigido contra la iglesia católica durante la celebración de la procesión del Corpus de la iglesia de Santa María del Mar en la confluencia de las calles Cambios Nuevos y Arenas de Cambio. En este brutal atentado murieron doce personas y ninguna de ellas pertenecía ni al clero ni a la burguesía. Todas las víctimas eran gente del pueblo, personas de a pie que formaban parte de la comitiva de la procesión. La repulsa y la condena en todos los diarios pidieron un castigo ejemplar, los socialistas lo condenaron y los conservadores llegaron a pedir, junto con la iglesia católica, la persecución de las ideas, no sólo anarquistas sino incluso las liberales.
El clima de odio y de venganza era generalizado por lo que la policía nuevamente volvió a poner en marcha sus métodos indiscriminados de persecución y detenciones. Según los datos oficiales, llegaron a ser 424 detenidos, lo cual desbordaba la capacidad de las autoridades. Realmente los medios con los que ésta contaba eran muy limitados tanto en presupuesto como en personal. La actuación policial fue arbitraria y a ciegas y tenía como objetivo, nuevamente, dar un castigo ejemplar a las agrupaciones obreras sin prestar demasiada atención en encontrar a los verdaderos culpables. De hecho, el autor material del atentado nunca fue detenido y pasó sus días tranquilamente en Argentina hasta que le llegó la muerte de anciano.
Las autoridades aprovechando la indignación que el atentado había producido en todas las capas de la sociedad, aprovechó para escarmentar y vengarse de los grupos opuestos al sistema, desde los anarquistas hasta los republicanos, pasando por los socialistas, pero también de los obreros participantes en huelgas y manifestaciones o simplemente líderes de los trabajadores dentro de las empresas denunciados por los patronos o también aquellos que no practicaban con celo la fe católica y eran denunciados por las autoridades eclesiásticas.
Los mismos métodos, las mismas conclusiones, se hablaba de complot internacional, siempre, aunque obviamente nunca fue probado, se recurría una y otra vez a la incriminación de los detenidos en atentados pasados para no ponerlos en libertad aún sin falta de prueba alguna.
El daño provocado tras este atentado sobre todo el movimiento obrero había sido inmenso, se habían prohibido publicaciones anarquistas, los centros de reunión clausurados, los ateneos y cientos de anarquistas detenidos en las cárceles o huidos de la ciudad.
El gobierno conservador de Cánovas vio el clima favorable para aprobar en septiembre de 1896 una nueva ley para agravar las penas contra los anarquistas y que sus atentados fuesen juzgados por la jurisdicción militar y poder mandar al exilio a quienes de una forma u otra propaguen las ideas anarquistas.
La trilogía anarquista, al menos simbólicamente, se había cumplido, se había atentado contra el Estado en la persona del capitán general de Cataluña, Martínez Campos; se había atentado contra la burguesía, simbolizado en el Teatro Liceo de Barcelona y se había atentado contra la iglesia católica representado en la procesión del Corpus de la Iglesia de Santa María.
Los juicios realizados contra los detenidos habían sido manipulados, se incumplió la ley por parte de las autoridades, los procesos estuvieron repletos de irregularidades, se practicaron torturas y malos tratos de forma indiscriminada para obtener declaraciones de culpabilidad por parte de los acusados, como hemos visto inculpándose los inocentes para que terminasen las torturas como en el atentado de las calles Cambios Nuevos y Arenas de Cambio por el que se ejecutó tras el desastroso y vengativo proceso de Montjuich en el que finalmente fueron ejecutados cinco anarquistas, Ascheri, como autor material (ya vimos como la confesión de autoría era falsa, puesto que el autor material de los hechos había sido Girauld que a la postre no había sido ni detenido), y Molas, Nogués, Alsina y Mas como coautores y otras veinte personas fueron condenadas a distintas penas.
Los atentados personales que no fueron realizados mediante explosivos también se dieron en este periodo. El realizado contra el teniente Portas que sería destacado jefe militar de la guardia civil en la lucha contra las huelgas y manifestaciones y felicitado y condecorado por sus actuaciones en los procesos más importantes contra anarquistas
(con el tiempo llegaría a General, gracias a los servicios prestados). El intento de asesinato se produjo mediante disparos dentro de un vehículo mientras se encontraba con otras personas en su interior. El autor del atentado, Ramón Sempeu, huyó hasta finalmente ser detenido después de un cruce de disparos que serían aprovechados por la defensa para que finalmente un tribunal popular absolviera al imputado. Algo parecía haber cambiado en la actuación de las autoridades, o simplemente se trata de una buena defensa por parte del abogado dentro de la jurisdicción civil en un proceso en el que se guardan todas las garantías y no se manipula.
Tras otro atentado personal, en este caso, contra el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, el día 8 de agosto de 1897 mientras se encontraba reponiéndose de unas dolencias, acompañado de su esposa en el balneario de Santa Agueda en Guipuzcua, fue asesinado a tiros por el anarquista italiano Michelle Angiolillo que declaró haber cometido el atentado por venganza de los asesinados en el Castillo de Montjuich tras el juicio por el atentado contra la procesión del Corpus de la iglesia de Santa María.
El primer periodo de violencia anarquista en España se cierra precisamente con el asesinato de Cánovas y los protagonistas, tanto el Estado como los anarquistas, después de valorar como negativo el periodo parece que van a llevar a cabo un cambio estratégico. Desde el Estado se va a insistir en que no se produzcan malos tratos por parte de los encargados de realizar los procesos y los anarquistas van a comenzar un periodo que aunque no de calma, va a disminuir considerablemente los atentados realizados por la “propaganda por el hecho” en beneficio del crecimiento sindical y las acciones contra objetivos concretos.
La diferencia con el resto de los países de nuestro entorno y con EEUU estaban en que si bien éstos actuaban de forma enérgica contra el anarquismo violento, se llevaba a cabo en procesos en los que se aplicaba la justicia de forma sistemática al contrario de lo que ocurría en España como hemos visto. De esta forma, los anarquistas pasaban de ser criminalizados a mártires. Por otra parte, la evolución democrática en estos países, además de verse en el poder judicial, también se muestra en el hecho de que los partidos socialdemócratas trabajan ya de forma habitual en sus parlamentos y los derechos sociales han evolucionado al contrario de lo que ocurre en España. Los desmanes cometidos por las autoridades españolas serán transmitidos por toda la prensa internacional, motivo por el cual parece que con el nuevo siglo va a haber un cambio por parte del Estado.
Durante la primera década del siglo XX, se pueden distinguir dos partes con respecto a la violencia anarquista, la primera desde 2003 hasta el 2007 y la segunda desde esa fecha hasta 2009.
En este periodo van a ser muy distintos los tipos de atentados, desde la indiscriminada colocación de bombas sin aparente objetivo hasta los atentados personales contra el Presidente del Gobierno, Antonio Maura o contra el rey Alfonso XIII. En cualquier caso, no se puede separar, la violencia desatada por la conflictividad laboral, la revolucionaria y los atentados de la “propaganda por el hecho”. Además, en este periodo el individualismo violento va a dar paso al desarrollo sindicalista aunque la acción violenta individual podía asustar a posibles candidatos a formar parte de los sindicatos con presencia anarquista.
De todos modos, la represión siguió siendo muy dura y aunque las autoridades nacionales pedían moderación, en los distintos distritos, las autoridades regionales seguían actuando con los mismos métodos. Aún así, todo hay que tomarlo con relativa moderación. Tras la Huelga General de 1902, el ejército salió a la calle para reprimir al pueblo de Barcelona causando numerosos muertos, heridos y centenares de detenidos. Los anarquistas saldrían de nuevo perjudicados mientras que los socialistas habían mostrado una actitud contraria a la huelga. De la misma forma tras los sucesos de Alcalá del Valle en los que los anarquistas se hicieron con el pueblo hasta la llegada de la guardia civil que hizo 118 detenidos. Ambas acciones serían frustradas y la represión aireada en los periódicos anarquistas.
Ante la represión, los anarquistas contaban con la defensa de la brutalidad policial, las acusaciones de malos tratos e incluso con las acusaciones contra los poderes del Estado en la colocación de bombas y la perpetración de atentados. En este caso, sería definitiva la condena como autor de esa colocación de bombas en Barcelona el teniente Morales que parece que las ponía para después encontrarlas mediante investigaciones y así poder “colgarse medallas” ante sus superiores. Los medios anarquistas iban más allá y acusaban al Estado de estar detrás de muchas de esas colocaciones de bombas, de hecho, no parece muy normal el hecho de que un simple teniente tenga relación directa con el gobierno.
Durante toda la época tratada, tanto anarquistas como republicanos tuvieron contactos muy estrechos que les hacían tener objetivos comunes aunque evidentemente sus fines eran distintos. Para los republicanos había que acabar con la monarquía para instaurar una república mientras que los anarquistas pretendían acabar con todo tipo de poder del Estado. Por otra parte, los últimos creían que la forma correcta sería un levantamiento popular tras el magnicidio mientras que los primeros mantenían relaciones con militares rebeldes para llevar un pronunciamiento después del atentado. Aún así, en España mantenían buena relación esas tendencias como se demostraría con la preparación y ejecución de los atentados contra el rey Alfonso XIII.
Aunque el deseo de atentar contra el rey viene desde el momento mismo de su coronación, el primer atentado real que sufrió fue durante su visita a París, después de salir de la ópera al paso de su coche en una intersección de calles, estalló una bomba que no consiguió matar ni a Alfonso XIII ni al presidente de la República francesa que viajaba con él. En realidad la trama ya había sido descubierta por la policía francesa meses antes. La justicia señaló como culpables a Malato, Vallina, Harvey y Caussanel pero pese a que todas las pruebas parecían indicar su complicidad, el jurado les absolvió. Parece claro que el autor material había sido un tal Farrás que nunca fue encontrado por lo que el caso quedó sin resolver. Como vemos, la justicia en Francia era más legitimista y se basaba en las pruebas, además de no interferir en los procesos con malos tratos, torturas, etc.
Al año siguiente el rey iba a contraer matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg y las informaciones que le llegaban desde Francia eran de que los anarquistas estaban teniendo mucha correspondencia y había mucho movimiento entre franceses y españoles. De hecho, el tal Farrás que atentará en Francia contra el rey, podría ser Mateo Morral. De nuevo, en la preparación del atentado debió haber republicanos y anarquistas. El día 31 de mayo al paso de la comitiva real, tras la boda, a la altura del número 88 de la calle Mayor, Mateo Morral desde el cuarto piso de un hostal lanzaba una bomba al paso del carruaje sin alcanzar a la familia real aunque si a muchos personas que resultaron heridas y otras 23 muertas. Morral se dio a la fuga pidiendo ayuda a algunos amigos de Ferrer (era presuntamente el que ponía el dinero para cometer el atentado) y a la postre implicándolos como cómplices. En su huida, a la altura de Alcalá de Henares fue parado por un guardia al que disparó y mató, suicidándose posteriormente y enlazando de alguna forma así con los mártires de la propaganda por el hecho.
Las conclusiones más tangibles son que la violencia anarquista de finales del siglo XIX y principios del XX, con toda su crudeza por parte de los anarquistas y también de las autoridades españolas no dio los resultados que unos y otros pretendían.
La propaganda por el hecho había alejado a buena parte de los obreros que podrían haber hecho causa común con las ideas anarquistas debido a la brutalidad de algunos de sus atentados en los que murieron ciudadanos que nada tenían que ver con los grupos privilegiados contra los que supuestamente iban dirigidos estos atentados.
Otra cuestión importante, es señalar que los atentados anarquistas eran individuales, a lo sumo, con ayuda de pequeños grupos, nunca de una organización amplia y mucho menos aún de un complot internacional como insistían las autoridades en señalar. De hecho, la mayoría de los anarquistas se decantaba por la línea pacífica para la profusión de sus ideas.
También es de señalar el alargamiento en el tiempo de la violencia anarquista en nuestro país, mientras que en los de nuestro entorno gracias a una aplicación justa de las leyes y a unas administraciones más democráticas que concedían algunos derechos a los trabajadores, las ideas anarquistas más radicales habrían dejado de tener sentido.
De esa manera, gracias a los procesos llenos de irregularidades, detenciones masivas, represión ilegal, torturas, etc., no sólo los anarquistas sino toda la sociedad se manifestó contraria a las autoridades, especialmente en el ámbito internacional dónde la prensa miraba con perplejidad la falta de principios democráticos y mínimamente éticos de los dirigentes españoles y de su policía.
Lo que ocurría en España era que las clases dominantes no permitían que las organizaciones obreras tuvieran espacio alguno y pudieran poner en peligro algunos de sus privilegios y azuzaban al Estado para que las persiguiera. De esta manera se entró en una espiral de violencia, represión-atentado de la que era muy difícil salir, aunque parece que en el nuevo siglo, unos y otros van a cambiar progresivamente de estrategia.
