Tras la labor de protesta constantemente ejercitada por las organizaciones obreras contra los abusos de la administración y las corruptelas de la política que nuestro país padece, la huelga general del 18 de diciembre último, admirable ejemplo de eficacia de la organización y testimonio irrecusable de la capacidad creciente del proletariado español, habría debido producir alguna atenuación, al menos, de los males por todos reconocidos y continuamente denunciados.
Pero a pesar de nuestras advertencias serenas, de nuestras quejas metódicas y reflexivamente fundamentadas y de nuestras protestas, tal vez más prudentes y mesuradas de lo que exige la agudeza de los dolores que el país padece, es lo cierto que cada día que pasa representa para el proletariado una agravación creciente de la miseria ocasionada por la carestía de las subsistencias y por la falta de trabajo.
Ciertamente que si las privaciones a las que se ve sometido el pueblo español fuesen una consecuencia necesaria de la economía mundial, cuya solución no depende de nosotros ni de los elementos directivos de nuestra vida nacional, nuestras quejas serían absolutamente estériles y nuestras protestas no tendrían otra eficacia que la de imprecaciones más o menos vehementes contra los misteriosos destinos de la fatalidad.
Pero ¿habrá algún gobernante español que pueda afirmar en conciencia que las condiciones insoportables de nuestra vida, agravadas sin duda por la guerra, no son consecuencia de un régimen de privilegio, de una orgía constante, expresión de una desenfrenada inmoralidad que encuentra en los organismos públicos el amparo y la defensa que debían prestar a la vida del pueblo?
Las luchas provocadas por la competencia entre los diversos grupos de explotadores de la vida de la nación pueden dispensar al proletariado de hacer la crítica del régimen vergonzoso que padece España.
Las denuncias diarias de la prensa, los abusos que descubren las públicas discusiones de las asambleas, la labor misma de las Cortes, tan estéril para el bien como reveladora de crecientes impurezas, son los folios de un largo y complicado proceso cuya sentencia habrá de ser dictada y cumplida por el pueblo, como juez inapelable.
Todos los días, la prensa ofrece el testimonio de la preocupación de los gobernantes ante las complicaciones de los problemas presentes. ¿En qué se gasta su actividad que sus resultados beneficiosos no llegan nunca al pueblo trabajador? Todos esos esfuerzos de los gobernantes, el pueblo sabe bien que se gastan en un empeño imposible de armonizar los intereses privados opuestos, que encuentran en los momentos más angustiosos de la vida nacional la ocasión más propicia para aumentar sus ganancias.
Las empresas de ferrocarriles, las compañías navieras, los mineros, los fabricantes, los ganaderos, los trigueros, los múltiples acaparadores e intermediarios, los trust que monopolizan los negocios en las grandes poblaciones, los gremios degradados y degradantes, todos representan intereses particulares, que hallan amparo y protección en los poderes públicos, mientras el pueblo emigra o perece.
Y no es posible seguir ya engañando al país con discursos más o menos brillantes, ni con preámbulos de leyes cuyo articulado desmiente las propias ideas proclamadas por los ministros en la Gaceta.
En la presente y crítica situación ya ha visto el pueblo lo que ha quedado de las promesas de reforma de la economía nacional. Continúan las eternas ocultaciones de riqueza, los más llamados al sostenimiento de las cargas públicas siguen sustrayéndose al cumplimiento de ese deber de ciudadanía, los beneficiados con los negocios de la guerra ni emplean sus ganancias en el fomento de la riqueza nacional, ni se avienen a entregar parte de sus beneficios al Estado, y el gobierno, débil con los poderosos y altivo con los humildes, lanza a diario contra los obreros a la Guardia Civil, mientras prepara empréstitos de transformación de la Deuda y ofrece a los capitalistas una colocación lucrativa a sus fondos ociosos, so pretexto de promover obras públicas que jamás se realizan.
Y si de los pomposos ofrecimientos de reformas económicas y de promoción de obras públicas no queda más que el rumor de vanas palabras, ¿para qué ha servido la ley de Subsistencias, como no sea para revelar la dependencia vergonzosa en que se halla el gobierno con respecto a las agrupaciones gremiales más conocidas y más odiadas por los consumidores?
¿De qué nos vale formular un día y otro nuestras quejas, y de qué nos sirve el reconocimiento de la justicia de nuestras demandas por los mismos hombres que ocupan el Poder, si no logramos nunca vislumbrar el remedio de nuestros males?
La impotencia de los poderes públicos para resolver los problemas vitales de la nación la está proclamando la acción militar en Marruecos, sangrienta y vergonzosa ruina de España, por todos los gobernantes censurada, pero por todos igualmente mantenida.
Después de las prolijas discusiones a que la acción de España en Marruecos ha dado lugar, a nadie se le oculta ya que esta reincidencia de los poderes públicos en los antiguos errores bélicos, militaristas y dinásticos bastaría por sí sola para provocar por parte de la nación la más violenta de las actuaciones contra los causantes de su desgracia.
Estos males, percibidos a diario por el proletariado, han formado en él, tras una larga y dolorosa experiencia, el convencimiento de que las luchas parciales de cada asociación con los patronos, asistidas por la solidaridad de los compañeros de infortunio, no bastan a conjurar los graves peligros que amenazan a los trabajadores.
El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la unificación de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación erigida en sistema de gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los representantes de la Unión General de Trabajadores y los de la Confederación Nacional del Trabajo han acordado por unanimidad:
1º. Que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este documento han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del Parlamento; no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas formuladas por el último congreso de la Unión General de Trabajadores y Asamblea de Valencia, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimum de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos.
2º. Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en que haya de comenzar este movimiento.
3º. Que los abajo firmantes, debidamente autorizados por los organismos obreros que representan, y en virtud de los poderes que les han sido conferidos por la clase trabajadora, se consideran en el deber de realizar, en relación con las diversas secciones, todos los trabajos conducentes a organizar y encauzar debidamente el movimiento, así como también a determinar la fecha en que debe ponerse en práctica, teniendo en cuenta las condiciones más favorables para el triunfo de nuestros propósitos.
La Correspondencia de España. Madrid, 28 de marzo de 1917.
